El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero de 2026 puso el foco mediático en una tragedia humana de gran impacto.
Sin embargo, uno de los episodios derivados del siniestro (la desaparición y posterior rescate de Boro, un perro mestizo que viajaba con su familia) abrió un debate que va más allá del caso concreto y que merece una lectura técnica y reposada: la falta de coherencia entre el reconocimiento legal de los animales como seres sentientes y la ausencia de protocolos institucionales que garanticen su protección en situaciones de emergencia.
Un caso que trasciende lo anecdótico
Boro viajaba con billete pagado en un tren de la compañía Iryo y desapareció tras el descarrilamiento. Tras el descarrilamiento, y una vez atendida la emergencia humana, Boro fue buscado a partir del tercer día por bomberos forestales, efectivos del Infoca, voluntarios de protectoras y ciudadanía organizada. Fue localizado y rescatado en 48 horas.
Para algunos observadores, el despliegue fue interpretado como una sobrerreacción emocional.
- Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y veterinaria, el caso plantea cuestiones relevantes sobre qué obligaciones reales derivan del marco normativo actual y cómo estas se traducen, o no, en actuaciones operativas cuando se produce una emergencia.
El cambio legal ya se ha producido
El reconocimiento de los animales de compañía como seres vivos dotados de sensibilidad no es una declaración retórica.
- La Ley 17/2021 modificó el Código Civil español para establecer que los animales no son cosas y que solo estarán parcialmente sujetos al régimen de bienes cuando sea compatible con su naturaleza y con las normas destinadas a su protección.
Este cambio normativo refleja una evolución social y científica ampliamente documentada.
- La medicina veterinaria, la etología y la neurociencia llevan décadas describiendo la capacidad de los animales para experimentar dolor, miedo, estrés y vínculos emocionales complejos.
- A ello se suma un contexto demográfico y social en el que los animales de compañía ocupan un lugar central en muchas unidades familiares.
Desde el punto de vista legal, este reconocimiento tiene consecuencias prácticas: los animales pasan a ser sujetos de protección, no elementos accesorios.
El vacío operativo en situaciones de emergencia
El principal problema que expone el caso de Boro no es el rescate en sí, sino la ausencia de protocolos específicos que integren a los animales en los planes de emergencia nacionales, autonómicos y municipales.
Actualmente:
- No existen procedimientos estandarizados para la identificación y localización de animales accidentados
- No se contempla de forma sistemática la integración de veterinarios de urgencia en dispositivos de emergencia
- No hay protocolos claros de coordinación con protectoras, clínicas veterinarias o servicios de bienestar animal
- No se prevén mecanismos de reunificación animal-familia tras un siniestro.
Esta carencia contrasta con el avance del marco legal y genera una disonancia entre lo que la ley declara y lo que la administración puede ejecutar.
La dimensión veterinaria y sanitaria del caso
Desde una perspectiva veterinaria, la desaparición de un animal tras un accidente conlleva riesgos bien conocidos: estrés agudo, deshidratación, hipotermia, inanición y lesiones no atendidas. Estos factores no son hipotéticos; forman parte del conocimiento clínico habitual.
- Además, la pérdida de un animal de compañía en un contexto traumático tiene implicaciones claras sobre la salud mental de las personas afectadas, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad.
- La interacción humano-animal y su impacto sobre sistemas neurobiológicos relacionados con el estrés están ampliamente descritos en la literatura científica.
El rescate de Boro, por tanto, no puede analizarse únicamente desde una lógica emocional o mediática, sino también desde una óptica sanitaria y de protección de seres vulnerables.
Críticas al rescate y análisis técnico
Algunas críticas señalaron un supuesto desvío de recursos o una priorización inadecuada.
- Sin embargo, no existe evidencia de que las labores de búsqueda de Boro interfirieran con la atención a víctimas humanas.
- Las operaciones de rescate vital se desarrollaron en fases temporales distintas y con recursos parcialmente diferenciados.
En el debate público generado, algunas voces han cuestionado la pertinencia de dedicar recursos al rescate de un animal en un contexto marcado por una tragedia humana.
Esta percepción, comprensible en situaciones de alta carga emocional, pone de relieve la necesidad de clarificar cómo se articulan las prioridades operativas en emergencias complejas.
- Desde el punto de vista normativo, el reconocimiento legal de los animales como seres sentientes introduce nuevos elementos en esta discusión, que requieren ser integrados de forma explícita en los planes de actuación para evitar interpretaciones improvisadas o respuestas desiguales.
Animales como pasajeros con derechos
La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece el derecho de los viajeros a transportar animales de compañía en transportes públicos bajo determinadas condiciones. Boro viajaba conforme a la normativa vigente y con billete pagado.
- Desde esta perspectiva, no era equipaje ni un objeto, sino un pasajero con un estatus jurídico específico.
- En caso de accidente, esta condición debería implicar obligaciones claras por parte de las autoridades y de las empresas transportistas, similares (en su ámbito) a las existentes para otros pasajeros.
La paradoja es evidente: se reconoce el derecho, pero no se desarrollan los mecanismos operativos que lo hagan efectivo en situaciones críticas.
Coherencia institucional y responsabilidad profesional
Un Estado de derecho requiere coherencia entre sus declaraciones normativas y sus políticas públicas. Cuando una ley reconoce derechos y la administración no dispone de herramientas para garantizarlos en contextos reales, se genera una brecha que debilita la credibilidad del sistema.
- En este escenario, el papel de los profesionales veterinarios es clave.
- Desde el conocimiento técnico, científico y sanitario, corresponde al sector veterinario participar activamente en la definición de protocolos, aportar criterios basados en evidencia y reclamar la integración efectiva de los animales en los planes de emergencia.
Más allá del caso Boro
El rescate de Boro no es una anécdota ni una excentricidad social. Es un caso revelador de una laguna institucional que deberá abordarse si se quiere dar coherencia real al marco legal vigente.
El cambio de sensibilidad hacia los animales ya está legislado. El siguiente paso, inevitable, es institucionalizarlo mediante protocolos, formación y planificación operativa.
Solo así el reconocimiento de los animales como seres sentientes dejará de ser una declaración formal para convertirse en una protección efectiva cuando más se necesita.
Un debate necesario desde la responsabilidad profesional veterinaria
Conviene subrayar, en todo caso, que este análisis no pretende en ningún momento cuestionar el valor prioritario de las vidas humanas ni establecer comparaciones entre sufrimientos que no son equiparables.
En situaciones de emergencia, la protección de las personas es y debe seguir siendo el eje central de cualquier actuación.
- Este texto no busca negociar ese principio ni desplazarlo, sino poner sobre la mesa una realidad ya existente: el marco legal ha cambiado y reconoce a los animales de compañía como seres sentientes con derechos, y ese reconocimiento plantea retos operativos que hoy no están resueltos.
Abordar esta cuestión en un medio sectorial, leído por profesionales veterinarios, no es una provocación ni un ejercicio teórico, sino una invitación a reflexionar desde el rigor técnico sobre cómo integrar de forma coherente, planificada y responsable esta realidad en los sistemas de emergencia, sin improvisaciones y sin conflictos innecesarios.
