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Amenazas y agresiones a veterinarios en la consulta veterinaria

Las amenazas, insultos y agresiones a profesionales sanitarios son ya un problema estructural, también en el ámbito veterinario. Este artículo analiza la vulnerabilidad específica de los veterinarios clínicos, el impacto sobre su salud mental y la necesidad de avanzar hacia una cultura de denuncia, protección y tolerancia cero.

En la clínica veterinaria, la relación con el tutor suele construirse desde la confianza, la urgencia y una intensa carga emocional. Pero cuando el desacuerdo, el dolor o la frustración derivan en amenazas, acoso o agresiones, el veterinario queda expuesto a una violencia que no puede seguir tratándose como parte del oficio.

Cuando el agresor entra por la puerta de la consulta

Las profesiones que cuidan la salud comparten una paradoja inquietante: quienes dedican su vida a aliviar el sufrimiento ajeno se han convertido, con frecuencia creciente, en blanco de la violencia de aquellos a quienes atienden.

  • El fenómeno ha dejado de ser un episodio aislado para consolidarse como un problema estructural de salud laboral y de salud pública.
  • En el ámbito sanitario humano las cifras son ya alarmantes; en el veterinario, aunque menos visibles, dibujan un panorama igualmente preocupante y con rasgos propios que lo hacen especialmente corrosivo.

Una epidemia silenciosa en el sistema sanitario

Los datos oficiales no dejan margen a la complacencia. El Ministerio de Sanidad notificó 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud durante 2025, lo que equivale a 24,37 incidentes por cada mil trabajadores y supone un incremento del 8,74 % respecto al año anterior. Es un récord histórico, aunque conviene leerlo con matices: el ritmo de crecimiento se ha moderado frente al 15,74 % registrado entre 2023 y 2024, y buena parte del aumento se atribuye a una mayor cultura de denuncia más que a una explosión real de la violencia.

El perfil que emerge del informe resulta revelador.

  • El 84,5 % de las agresiones fueron de carácter no físico -fundamentalmente insultos y amenazas-, lo que demuestra que la violencia verbal y psicológica constituye el núcleo del problema.
  • La Atención Primaria concentra el 51 % de las notificaciones y la hospitalaria el 47 %.
  • La víctima tipo es una mujer de entre 25 y 55 años, médica o enfermera, mientras que el agresor suele ser un hombre, en el 71 % de los casos el propio paciente y en el 29 % restante un familiar o acompañante.
  • El detonante más habitual es la disconformidad con la atención recibida.

Especialmente significativo es el dato de reincidencia: un 27 % de los agresores ya había protagonizado incidentes previos, lo que evidencia la existencia de un grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia. Como resumió el secretario de Estado de Sanidad, agredir a un profesional sanitario es agredir al conjunto de la sociedad que le confía el derecho a la asistencia. De ahí que el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco contemple reconocer al personal sanitario como autoridad pública, una medida largamente reclamada por los colectivos profesionales.

La vulnerabilidad específica del veterinario clínico

La profesión veterinaria comparte muchos de estos rasgos, pero los sufre amplificados por circunstancias específicas. En 2017 la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad articuló un protocolo policial frente a las agresiones a profesionales de la salud que inicialmente cubría a médicos, enfermería y auxiliares.

  • La Organización Colegial Veterinaria logró posteriormente un acuerdo con la policía para incorporar a los veterinarios a ese mismo marco de protección, un reconocimiento tardío de que el problema afectaba con igual o mayor intensidad al sector.

Las cifras lo confirman. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid advirtió de que los casos de agresiones y amenazas sufridas por colegiados en el ejercicio de su actividad aumentaron un 110 % en 2024.

  • Diversas encuestas internacionales sitúan en torno al 60 % la proporción de veterinarios que admite haber sufrido una agresión física o verbal en el último año, y por encima del 80 % los que han padecido violencia verbal en algún momento de su carrera.
  • Una parte creciente de esa violencia migra además al terreno digital: escraches en redes sociales, reseñas difamatorias y campañas de acoso que pueden destruir la reputación de una clínica en cuestión de horas.

Por qué la clínica veterinaria queda especialmente expuesta

¿Por qué el veterinario resulta tan vulnerable? Confluyen varios factores.

  • El vínculo emocional entre el tutor y su animal es de una intensidad extraordinaria, y cuando el desenlace clínico es adverso como por ejemplo una eutanasia, una muerte perioperatoria, un diagnóstico fatal, ese afecto puede transformarse en agresividad dirigida contra el profesional.
  • A ello se suma el componente económico pues a diferencia de la sanidad pública, la atención veterinaria se factura directamente al cliente, lo que introduce una tensión adicional cuando el coste no se corresponde con las expectativas o con el resultado.
  • Muchos conflictos estallan además durante las guardias nocturnas, situaciones de urgencia en las que el veterinario trabaja solo o acompañado únicamente de un auxiliar, en condiciones de máxima exposición.

Cuando la amenaza llega a los tribunales

La experiencia de los servicios colegiales de defensa ilustra con nitidez la dinámica del problema. Un caso reciente tramitado por el Servicio de Defensa y Amparo al Colegiado de COLVEMA tuvo su origen en una intervención quirúrgica programada en dos ocasiones a la que el tutor del animal no acudió, pese a estar correctamente citado y sin ofrecer explicación.

  • Cuando el equipo veterinario comunicó que dejaría de prestar asistencia, el profesional comenzó a recibir llamadas telefónicas intimidatorias cuyo tono escaló hasta convertirse en amenazas de especial gravedad.

El veterinario presentó denuncia ante la policía y, tras poner los hechos en conocimiento del Colegio, este asumió la dirección letrada del procedimiento. El juzgado dictó finalmente sentencia condenatoria por amenazas, con multa y orden de alejamiento a menos de 500 metros del profesional, su domicilio y su lugar de trabajo, además de la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio.

  • El caso demuestra que la respuesta institucional funciona cuando existe: asesoramiento jurídico gratuito, acompañamiento durante todo el proceso y, de manera decisiva, la conservación de pruebas como grabaciones, mensajes, imágenes de seguridad o testimonios, que permitan acreditar los hechos ante un tribunal.

El coste invisible sobre la salud mental veterinaria

Más allá del episodio puntual, el impacto acumulado de la violencia sobre la salud mental del profesional es devastador. La exposición sostenida a amenazas, denuncias injustificadas y campañas de descrédito alimenta el síndrome de burnout, la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño.

  • En la veterinaria, este desgaste se entrelaza con la llamada fatiga por compasión caracterizada por el agotamiento emocional derivado de empatizar de forma continuada con el sufrimiento y la muerte y con condiciones laborales a menudo precarias: jornadas interminables, salarios bajos y escasa estabilidad.

El resultado más trágico de esta combinación es bien conocido en el sector: el riesgo de suicidio entre los veterinarios se sitúa, según diversos estudios, en torno a cuatro veces por encima de la media de la población general. El fácil acceso a sustancias letales, el conocimiento técnico para emplearlas y la familiaridad cotidiana con la muerte y la eutanasia se citan como factores de riesgo específicos.

  • No es casualidad que el 75 % de los colegiados madrileños recurra al servicio de atención psicológica y psiquiátrica para patologías derivadas del ejercicio profesional, ni que hayan proliferado iniciativas de bienestar emocional dedicadas exclusivamente al colectivo.

Prevención, protección y respuesta institucional

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser únicamente individual. Se requiere una estrategia integral que combine prevención, protección y reparación.

  • El reconocimiento del profesional sanitario y veterinario como autoridad pública, la formación en gestión de conflictos y comunicación empática, los servicios colegiales de defensa jurídica, los protocolos policiales y el apoyo psicológico especializado constituyen piezas complementarias de un mismo edificio. Ninguna basta por sí sola.

Denunciar también construye cultura profesional

La denuncia sistemática es, en este sentido, una herramienta tan jurídica como cultural. Cada agresión notificada y, en su caso, condenada, traslada un mensaje inequívoco que no es otro que la violencia contra quien cuida la salud, humana o animal, no es un gaje del oficio ni una contingencia que deba asumirse en silencio, sino un delito perseguible con consecuencias reales.

  • Normalizar la denuncia, conservar las pruebas y acudir a los servicios de amparo no es un acto de debilidad, sino el primer paso para devolver a estas profesiones la seguridad y el respeto que su función social merece, así como de solidaridad con otros profesionales.

Proteger a quien cuida es, en última instancia, proteger el derecho de todos a ser cuidados. La sociedad que tolera la agresión a sus sanitarios erosiona, sin advertirlo, uno de sus bienes más valiosos que reside en la disposición de unos profesionales que han elegido dedicar su vida al bienestar de los demás. Defenderlos no es un privilegio corporativo, sino una exigencia de salud pública y de simple justicia.

 

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