La veterinaria clínica no solo exige conocimientos científicos y habilidades técnicas, también implica desenvolverse con seguridad dentro de un marco legal cada vez más presente.
- La responsabilidad penal es uno de esos ámbitos que conviene conocer bien para integrar buenas prácticas, reforzar la protección profesional y ejercer con mayor confianza en el día a día de la clínica veterinaria.
Por qué la responsabilidad penal ya forma parte de la veterinaria clínica
Como hemos visto en artículos precedentes relativos a la exigencia de responsabilidad profesional en el ámbito de la veterinaria nos movemos en un contexto de creciente judicialización de nuestras actuaciones.
- Este incremento es muy significativo y sigue un patrón similar al que se observa en otros profesionales sanitarios como los médicos, odontólogos, farmacéuticos, etc.
Aunque tradicionalmente el veterinario ha asociado el riesgo legal a la responsabilidad civil o administrativa, lo cierto es que la responsabilidad penal se ha convertido en un ámbito de especial trascendencia, cuyas consecuencias personales y profesionales pueden ser graves y, en muchos casos, irreversibles, por lo que entendemos, es necesario tener una formación adecuada a este respecto.
- A diferencia de la responsabilidad civil, que persigue la reparación económica del daño, la responsabilidad penal tiene una finalidad sancionadora de los profesionales que son objeto de estas acciones
- En las exigencias derivadas del ámbito penal no buscan compensar al perjudicado económicamente, sino de castigar conductas que el ordenamiento jurídico español considera socialmente reprochables, con penas que pueden incluir multas elevadas, inhabilitación profesional e incluso privación de libertad, es decir, la cárcel.
Por ello, resulta esencial que el veterinario conozca cuándo, cómo y por qué puede verse inmerso en un procedimiento penal, y qué medidas preventivas debe adoptar en su ejercicio cotidiano.
Cuándo puede existir responsabilidad penal del veterinario
Para que una actuación profesional derive en responsabilidad penal deben concurrir una serie de elementos jurídicos esenciales, que todo veterinario debería conocer, aunque no sea jurista.
La tipificación penal como primer requisito
En primer lugar, la conducta debe estar tipificada en una norma penal. Esto significa que no todo error, complicación o resultado adverso constituye un delito.
- Solo aquellas conductas descritas expresamente en el Código Penal u otras leyes penales pueden dar lugar a una imputación
- Este principio, conocido como principio de legalidad, protege al profesional frente a interpretaciones arbitrarias
La ausencia de justificación clínica y legal como segundo requisito
En segundo lugar, la conducta debe ser antijurídica, es decir, contraria al derecho y no amparada por una causa de justificación.
- En la práctica veterinaria, muchas actuaciones potencialmente lesivas están justificadas por la propia actividad sanitaria como las indicaciones de cirugías, anestesias, eutanasias, etc., siempre que se ajusten a la lex artis ad hoc y cuenten con la debida indicación clínica y consentimiento informado.
Existencia de dolo o intención en el acto profesional
En tercer lugar, debe existir culpabilidad, lo que implica que el veterinario haya actuado con dolo, dicho de otro modo, el facultativo ha de actuar con una intención de causar el daño o, mucho más frecuentemente, con imprudencia o negligencia grave.
- El ámbito penal no sanciona el simple error profesional, sino la conducta que se aparta de forma relevante de los estándares exigibles a un veterinario medio, con formación y experiencia similares
La relación directa entre la actuación clínica y el daño como cuarto requisito
Finalmente, debe existir un nexo causal entre la actuación del veterinario y el daño producido.
- La mera coincidencia temporal entre una actuación clínica y un resultado negativo no es suficiente desde el punto de vista penal
Quién responde penalmente en la práctica veterinaria
Un aspecto clave que el veterinario debe tener muy presente es que la responsabilidad penal es estrictamente personal.
- No responde la clínica, la empresa, la aseguradora o el colegio profesional
- La exigencia de responsabilidad se dirige directamente contra el veterinario concreto que realizó u omitió la actuación
Esto implica que el seguro de responsabilidad civil profesional no cubre las penas penales, ni evita una posible condena penal, ni cubriría la responsabilidad civil derivada del delito.
- Tampoco puede trasladarse automáticamente la responsabilidad al auxiliar, al propietario o tutor o a otros profesionales, salvo que exista una participación penalmente relevante y que se demuestre de modo objetivo
- Por tanto, de ello se deriva la importante trascendencia que puede generarse en acciones de este tipo.
Por ello, la prevención frente acciones de esta naturaleza debe ser individual y activa, basada en una actuación profesional diligente, documentada y conforme a protocolos.
- Como en todos los casos de exigencia de responsabilidad ajustarse a la lex artis ad hoc, documentar adecuadamente las actuaciones, registrarlas de forma fehaciente y establecer elementos de comunicación y seguimiento adecuado representan las acciones de mayor seguridad para el profesional.
Comprender cuándo puede existir responsabilidad penal y cuáles son los elementos que la configuran permite al veterinario clínico situar su ejercicio profesional en un marco de mayor seguridad y control.
En una segunda parte abordaremos los supuestos penales más frecuentes en la práctica veterinaria, sus posibles consecuencias y, sobre todo, las claves prácticas para prevenir riesgos en el día a día de la clínica.
