La responsabilidad penal del veterinario no se construye sobre grandes teorías jurídicas, sino sobre situaciones reales que pueden surgir en el día a día de cualquier clínica veterinaria.
- Determinadas actuaciones clínicas, una documentación incompleta o una falta de protocolos adecuados pueden tener implicaciones legales relevantes si no se gestionan correctamente
Un análisis de las raclamaciones gestionadas durante estos últimos años nos demuestran cómo estas situaciones son parte de nuestra realidad profesional y, al mismo tiempo, de la necesidad de identificar los supuestos más habituales con el objeto de aplicar medidas preventivas que nos permitan reforzar nuestras prácticas reduciendo de forma significativa los potenciales riesgos a los que estamos expuestos
Supuestos penales más frecuentes en la práctica veterinaria
En el ejercicio cotidiano, los procedimientos penales contra veterinarios suelen derivar de una serie de situaciones recurrentes.
Maltrato animal y actuaciones clínicas de especial sensibilidad
Uno de los ámbitos más sensibles en la actualidad es el relacionado con acciones de maltrato animal, especialmente tras las reformas legislativas y el aumento de la sensibilidad social.
- El veterinario puede verse implicado penalmente no solo por conductas dolosas, sino también por imprudencias graves que causen sufrimiento innecesario, lesiones severas o la muerte del animal
Errores muy graves en anestesia, omisiones en la atención postoperatoria o actuaciones sin indicación clínica pueden ser interpretados, en determinados contextos, como maltrato por imprudencia al someter al animal a situaciones injustificadas con consecuencias graves, son algunas de las acciones que pueden tener consecuencias de esta naturaleza.
También acciones asociadas a las prácticas de eutanasia pueden subsumirse en este tipo de exigencias.
Tratamientos y certificaciones con impacto en la salud pública
Otro ámbito relevante es el de la administración incorrecta de tratamientos, especialmente en animales destinados a consumo humano donde se pueda poner en riesgo la salud de las personas, por ejemplo, en análisis de triquinosis en animales de caza que no se efectúen siguiendo la normativa vigente y las pruebas diagnósticas adecuadas.
- El uso de medicamentos prohibidos, el incumplimiento de tiempos de espera o la emisión de certificaciones sanitarias inexactas pueden constituir delitos contra la salud pública, con consecuencias penales muy severas
Impactos sobre la salud pública producidos en el entorno de la clínica veterinaria
Asimismo, se han incrementado los procedimientos por lesiones a terceros en el ámbito clínico: mordeduras, caídas, escapes de animales o accidentes derivados de una falta de medidas de seguridad adecuadas en la clínica con consecuencias muy graves en la salud.
Facturación, documentación y fraudes profesionales
Un capítulo especialmente delicado es el de las estafas y fraudes profesionales, en particular la facturación de tratamientos no realizados, pruebas inexistentes o intervenciones simuladas.
- Estas conductas, además de una grave infracción ética, pueden constituir delitos de estafa o falsedad documental, con penas económicas elevadas e inhabilitación profesional
Por qué las consecuencias penales no se limitan a una multa
Uno de los errores más frecuentes es minimizar el riesgo penal asociándolo únicamente a sanciones económicas. Sin embargo, las consecuencias de una condena penal pueden ser mucho más graves y tener un impacto profundo y duradero en la trayectoria profesional del veterinario.
- Penas privativas de libertad
En primer lugar, deben destacarse las penas privativas de libertad, que constituyen la consecuencia penal más grave para cualquier profesional.
Aunque en determinados supuestos puedan ser susceptibles de suspensión, especialmente en ausencia de antecedentes penales, su sola imposición supone un impacto jurídico, personal y reputacional de enorme relevancia.
- Inhabilitación profesional
En segundo lugar, la inhabilitación profesional, ya sea temporal o definitiva, reviste una especial gravedad en el ámbito veterinario, al implicar la suspensión de la capacidad para ejercer la profesión.
Esta pena puede acordarse como consecuencia de la sentencia y, en determinados casos, incluso como medida cautelar durante la tramitación del procedimiento penal, antes de que exista una resolución firme, con el consiguiente perjuicio económico y reputacional.
- Penas económicas
A estas consecuencias se suman las penas económicas, que incluyen tanto las multas penales impuestas en sentencia como la responsabilidad civil derivada del delito, obligando al veterinario a indemnizar los daños causados.
Estas indemnizaciones pueden comprender gastos veterinarios, el valor del animal, daños morales y otros perjuicios acreditados.
Además, una condena penal puede llevar aparejadas consecuencias deontológicas y disciplinarias, al margen de la vía penal, con posibles actuaciones por parte de los colegios profesionales u otros órganos competentes.
Por último, es importante subrayar que las condenas penales no están cubiertas por los seguros de responsabilidad profesional, lo que deja al veterinario expuesto personalmente a todas las consecuencias económicas y profesionales derivadas del proceso penal.
Cómo prevenir la responsabilidad penal en la clínica veterinaria
La mejor defensa frente a la responsabilidad penal es la prevención para lo que es preciso un conocimiento profundo de los elementos en que se fundamente. Existen una serie de medidas prácticas que todo veterinario debería integrar en su rutina profesional.
La historia clínica como principal herramienta de protección
En primer lugar, la documentación clínica exhaustiva. La historia clínica bien redactada, coherente y completa es la principal herramienta de defensa.
- Lo que no está documentado, jurídicamente, no existe.
- Adicionalmente, debemos completar toda nuestra documentación con los elementos de interés legal veterinario que se generan habitualmente en nuestras actuaciones como las recetas veterinarias, las indicaciones de seguimiento evolutivo, las denegaciones de pruebas y tratamientos, etc.
El consentimiento informado sobre todo en procedimientos de riesgo
En segundo lugar, el consentimiento informado, especialmente en procedimientos quirúrgicos, anestésicos o de riesgo.
- Debe ser claro, comprensible y adaptado al caso concreto, no un mero formulario genérico
- Este documento resulta especialmente sensible para todo este tipo de acciones de exigencia de responsabilidad profesional porque ajusta la actuación profesional a elementos legales, éticos y científicos
Los protocolos clínicos y de seguridad como elemento de protección
En tercer lugar, el cumplimiento riguroso de protocolos clínicos y de seguridad, tanto médicos como organizativos.
- La existencia de protocolos demuestra diligencia y reduce significativamente el riesgo penal
- En este punto es preciso disponer de un conocimiento actualizado al momento de las Ciencias Veterinarias a través de la formación continuada y ajustado a la disponibilidad de medios asistenciales necesarios.
La transparencia en la facturación y en la información al propietario
En cuarto lugar, la transparencia en la facturación. Solo deben facturarse actos realmente realizados, con corrección descritos y explicados al propietario.
- Todos estos elementos deben contrastarse con la emisión previa de presupuestos y con la concordancia con los procesos de seguimiento evolutivo de nuestros pacientes reflejados en los documentos legales de interés veterinario.
Formación legal y asesoramiento especializado
Por último, la formación en materia de legal concretamente en el ámbito de la responsabilidad profesional y el asesoramiento jurídico especializado permiten anticipar riesgos y actuar con mayor seguridad.
Conclusión
Las exigencias de responsabilidad penal sobre los profesionales de la veterinaria ya no es una cuestión excepcional o teórica.
- Forma parte del contexto real del ejercicio profesional y exige un conocimiento básico pero sólido de sus implicaciones
- Actuar conforme a la lex artis, documentar adecuadamente, comunicar con claridad y mantener una práctica honesta y transparente no solo mejora la calidad asistencial, sino que constituye la mejor protección frente a uno de los ámbitos de responsabilidad más exigentes y trascendentes de la profesión veterinaria.
