Una reclamación puede obligar al veterinario a revisar, por primera vez en profundidad, una póliza que lleva años pagando.
Y es entonces cuando cobran especial importancia aspectos como los límites de cobertura, los plazos de comunicación o quién asume la defensa jurídica.
- Conocer cómo funciona el seguro de responsabilidad civil profesional antes de necesitarlo puede marcar la diferencia a la hora de afrontar una situación de conflicto.
Un seguro que muchos veterinarios desconocen hasta que llega una reclamación
Todo veterinario en ejercicio tiene un seguro de responsabilidad civil profesional. Lo paga con la cuota colegial o con la prima del centro, sabe vagamente que "cubre si pasa algo" y, en muchos casos, no ha leído nunca la póliza.
- Solo la consulta cuando recibe un burofax, una demanda o una denuncia colegial. Entonces descubre qué cubre, qué no y qué debería haber hecho antes.
Sin embargo, este seguro es una de las instituciones que sostienen el ejercicio profesional. Sin él, cada reclamación amenazaría directamente el patrimonio del veterinario y el miedo a equivocarse condicionaría las decisiones clínicas.
- Con él, el profesional cuenta con protección económica y defensa técnica y jurídica.
Conocer su alcance antes de necesitarlo es fundamental. El objetivo no es solo saber si existe una póliza, sino comprobar su calidad, su extensión y qué respaldo ofrece ante un problema profesional, también a través de la organización colegial.
Fundamento legal del seguro de responsabilidad civil veterinaria
La Ley 50/1980 de Contrato de Seguro regula esta protección. Su artículo 73 establece que el asegurador cubre el riesgo de que el asegurado deba indemnizar a un tercero por daños causados por un hecho previsto en el contrato y de los que sea civilmente responsable.
- El seguro no cubre el error: cubre la obligación de pagar por él.
- El artículo 74 atribuye al asegurador la dirección jurídica de la defensa y el 76 reconoce al perjudicado la acción directa contra la aseguradora.
No existe una ley estatal que imponga este seguro a todos los veterinarios, pero los estatutos de la mayoría de los colegios profesionales lo exigen como condición de ejercicio.
- Además, el artículo 11 de la Ley 2/2007 obliga a las sociedades profesionales a asegurar la responsabilidad derivada de su actividad, y la normativa autonómica lo exige con frecuencia para inscribir centros veterinarios.
- El Código Deontológico también lo recoge como deber del colegiado.
La responsabilidad asegurada se enmarca en los artículos 1101 y 1902 del Código Civil, la responsabilidad del centro por sus dependientes (artículo 1903) y la del prestador frente al consumidor (artículos 147 y 148 de la Ley de Consumidores).
- Tras la Ley 17/2021, que reconoce al animal como ser sintiente, el daño moral del tutor también es asegurable y muchas pólizas lo contemplan expresamente: conviene comprobarlo.
El artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro excluye el dolo, es decir, los daños causados intencionadamente.
- Las sanciones, multas y penas tampoco constituyen indemnizaciones a terceros y quedan fuera de esta cobertura, sin perjuicio de los pactos específicos de defensa jurídica.
Qué cubre una póliza y cuáles son sus exclusiones
Una póliza de responsabilidad civil veterinaria suele incluir distintas garantías:
-Responsabilidad civil profesional: daños causados por errores u omisiones en el acto veterinario, incluidos el valor del animal, los gastos de tratamiento y, según la póliza, el daño moral del tutor.
-Defensa jurídica y fianzas: honorarios de abogado y procurador, fianzas en procedimientos penales y, en algunas pólizas, defensa en expedientes colegiales y de consumo. Es una de las garantías que más varían.
-Inhabilitación profesional: algunas pólizas prevén un subsidio mensual durante una inhabilitación judicial.
Entre las exclusiones habituales figuran el dolo, las multas y sanciones, los daños a bienes en custodia salvo pacto expreso, determinadas obligaciones contractuales, el ejercicio fuera del territorio cubierto o sin colegiación y las actividades no declaradas.
- Atender exóticos o équidos con una póliza de pequeños animales puede plantear problemas de cobertura.
- Lo mismo ocurre, en algunas pólizas recientes, con la telemedicina o el uso de inteligencia artificial cuando no están expresamente incluidos.
-También importan los límites económicos. Toda póliza fija un capital máximo por siniestro y anualidad, puede establecer sublímites para daño moral o defensa jurídica e incluir una franquicia que asume el asegurado.
- Un capital bajo o una franquicia alta reducen la protección real: no basta con saber que existe un seguro; hay que saber hasta dónde responde y qué parte tendría que asumir el propio veterinario.
La cobertura temporal: un aspecto decisivo
La mayoría de estas pólizas cubren las reclamaciones presentadas durante su vigencia, no necesariamente los hechos ocurridos entonces.
- Por eso, cambiar de aseguradora sin pactar retroactividad puede dejar desprotegidos hechos anteriores reclamados después.
- Del mismo modo, jubilarse o cesar sin cobertura posterior -de uno a cinco años, según la póliza- puede dejar fuera reclamaciones tardías.
- El artículo 73 admite estas cláusulas, que deben estar destacadas y aceptadas expresamente.
Qué ocurre cuando llega una reclamación
Declaración del siniestro.
El artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro establece un plazo máximo de siete días desde que se conoce, salvo que la póliza conceda uno mayor.
Una reclamación puede comenzar con un burofax, una hoja de reclamaciones o una queja formal.
Comunicarla tarde permite al asegurador reclamar los perjuicios causados por el retraso y tensiona la relación precisamente cuando más se necesita el respaldo del seguro.
Dirección jurídica.
Una vez declarado el siniestro, el asegurador asume la defensa conforme al artículo 74. Designa abogado y procurador, encarga la pericial, decide la estrategia y puede negociar un acuerdo. El asegurado tiene derecho a ser informado y a que se respete su posición, pero no dirige el proceso.
El abogado lo defiende, aunque ha sido designado por el seguro.
Dictamen pericial.
Un perito veterinario analiza la historia clínica y valora la praxis. Su informe orienta la defensa o la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El asegurado debe colaborar con franqueza y facilitar toda la documentación. Lo que se oculte al perito puede aparecer después en las pruebas aportadas por la otra parte.
Transacción.
El asegurador puede llegar a un acuerdo con el reclamante sin que exista culpa reconocida, por ejemplo, cuando el coste de defender supera el de pagar. Este acuerdo no implica reconocimiento de responsabilidad.
Para el profesional puede resultar difícil aceptarlo. Debe procurar que no le perjudique en otras vías, como la colegial, y que conste sin reconocimiento de culpa.
Debe procurar que no le perjudique en otras vías, como la colegial, y que conste sin reconocimiento de culpa.
Acción directa.
El artículo 76 permite al tutor demandar directamente a la aseguradora, que no puede oponerle las excepciones que tendría frente al asegurado (por ejemplo, el impago de la prima).
Por eso el tutor demanda al centro, al veterinario y a la aseguradora a la vez. Es una garantía para el perjudicado y una pieza esencial del sistema de responsabilidad civil.
El valor del seguro para el ejercicio profesional
Su utilidad va más allá de pagar una indemnización:
- Protege el patrimonio del veterinario frente a una reclamación; proporciona defensa técnica desde el inicio, mediante abogado, perito y correduría; favorece la libertad clínica, al reducir el temor a asumir casos difíciles; y contribuye al aprendizaje, porque las aseguradoras y corredurías reúnen experiencia sobre reclamaciones y prevención.
Conviene distinguir las pólizas que pueden coexistir.
- La colegial, normalmente incluida en la cuota, protege al veterinario con condiciones estándar.
- La del centro o sociedad cubre a la empresa y, habitualmente, a sus empleados.
- La individual complementaria puede ampliar capitales o actividades.
Si concurren varias pólizas en un siniestro, el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro exige comunicar su existencia a los aseguradores.
El profesional por cuenta ajena debe conocer tanto la cobertura de su empresa como la colegial, que le acompaña al cambiar de centro.
- Las tres pueden intervenir ante un mismo siniestro, pero no ofrecen necesariamente la misma cobertura: cada una tiene sus capitales, condiciones y ámbito de protección.
Siete deberes para no perder la cobertura
La protección depende también de que el veterinario cumpla las condiciones contratadas:
1.-Leer la póliza. Conocer capitales, sublímites, franquicias, actividades cubiertas, ámbito territorial y temporal y condiciones de defensa jurídica.
2.-Declarar correctamente la actividad. El artículo 10 obliga a declarar el riesgo. Realizar cirugía avanzada, atender especies no previstas o ejercer telemedicina sin declararlo puede llevar a una reducción o rechazo de la prestación.
3.-Comunicar el siniestro de inmediato. No esperar a que una reclamación o una amenaza creíble «se calme». Informar a la aseguradora desde la primera señal, sea un burofax, una hoja de reclamaciones, un requerimiento colegial o una amenaza verbal creíble.
4.- No reconocer responsabilidad ni negociar por cuenta propia. Lamentar un resultado no equivale a admitir culpa. Antes de prometer compensaciones o pactar con el tutor, consultar a la aseguradora, ya que actuar sin su autorización puede comprometer la cobertura.
5.-Colaborar con la defensa. Facilitar la historia clínica completa, responder con sinceridad al perito y aportar los documentos solicitados.
6.-Conservar la historia clínica. Sin ella, la defensa se debilita. Deben respetarse los plazos de conservación previstos en la normativa autonómica, habitualmente de cinco años, aunque puede ser prudente conservarla más tiempo.
7.-Mantener la continuidad temporal. Al cambiar de compañía, exigir retroactividad; al jubilarse o cesar, contratar la cobertura posterior que corresponda.
Conclusión
El seguro de responsabilidad civil profesional permite ejercer con mayor seguridad e independencia, pero su utilidad depende de conocerlo antes de recibir una reclamación.
- Leer la póliza, declarar la actividad, comunicar a tiempo, colaborar con la defensa y conservar la historia clínica son obligaciones que no conviene descubrir cuando ya existe un conflicto.
- Un seguro bien entendido y bien mantenido convierte la reclamación en un trámite acompañado. Uno ignorado la convierte en una amenaza.
